La Ciencia y sus Demonios

El gobierno español acaba de ampliar el plazo para que los exbecarios coticen por su periodo de formación hasta un máximo de dos años. Para los que no estén informados les comento la situación general del asunto. Los que fuimos en su momento becarios de investigación, la mayoría conseguimos una beca oficial de algún ministerio (Sanidad o Educación y Ciencia) o comunidad autónoma tras una dura competencia. Además realizamos nuestra labor investigadora bien como predoctorales y/o postdoctorales (algunos estuvimos lustros «disfrutando» de sucesivas becas pre y postdoctorales en diferentes laboratorios) en algún centro público: hospitales, CSIC, universidades, etc. siempre bajo la dirección de personal investigador de plantilla de los mencionados centros estatales de I+D y prácticamente sin ningún tipo de derechos laborales y sin que nuestro empleador (la administración publica) cotizara nunca por nuestro trabajo.

Por supuesto recibíamos un muy exiguo sueldo que no reflejaba para nada nuestra capacitación profesional, porque salvo los becarios predoctorales de primer año y quizás alguno de segundo año, a medida que avanzábamos en nuestras respectivas tesis doctorales el eufemismo del «periodo de formación» tenía cada vez menos sentido. Personalmente yo conozco más de un compañero que sacó a flote su Tesis Doctoral ante la pasividad y en algunos casos excepcionales, a pesar incluso de la ineptitud de sus respectivos directores científicos que de todo hay en el proceloso mundo de la ciencia. Y por supuesto, el caso de los becarios de investigación postdoctorales (que fuimos muchos) con su título de doctor bajo el brazo y muchas veces con bastantes publicaciones en su haber (si la suerte había acompañado un poco al duro esfuerzo que significa investigar) esta denominación de «personal en formación» (habitual por parte de las mentes pensantes de los diferentes equipos directivos de todo signo político que rigieron la política científica española a lo largo de décadas de justificación de esta perversa situación) resultaba del todo ofensiva para profesionales altamente cualificados, muchos de los cuales incluso poseían cierto prestigio internacional reconocido allende de nuestras estrechas fronteras.

Así que esta medida, aprobada por el último gobierno del PSOE y ratificada por nuestros actuales gobernantes del PP, de tener que pagar la cotización a la seguridad social por la explotación previa, es del todo ofensiva para un colectivo que ha trabajado muy duramente para la administración pública y la sociedad españolas durante muchos años sin ningún tipo de derechos. Imaginen si ésta misma situación se hubiera dado en cualquier empresa durante décadas, muy probablemente hubiera sido motivo de sanción y de persecución judicial, pero como quien nos ha explotado ha sido el propio estado español, pues encima debemos ir alegres a la Tesorería de la Seguridad Social porque en teoría nos están haciendo un favor, aunque en realidad haya que pagar el equivalente al total de la cuota patronal que no abonó en su momento la administración pública. Así que yo personalmente, aún cuando pueda perder dinero en mi cada vez más lejana jubilación (ya que año tras año van endureciendo las condiciones de su disfrute) decidí en su momento y ahora me reafirmo en mi negativa a pagar dicha humillante cotización.

ANEXO

Para aquellos que no conozcan los detalles del sistema de la Seguridad Social española comentar que en cada contratación mensualmente el trabajador debe cotizar con el 4,7% de su salario bruto y el empleador aporta el equivalente al 40% del salario. Así para el caso que nos ocupa se estableció el salario mínimo como base de cotización, es decir unos 600 euros. Así entonces el exbecario debería haber cotizado unos 30 euros mensuales y la administración pública tendría que haber aportado el equivalente a 240 euros mensuales. En un ofensivo ajuste tipo “ni para ti ni para mí” el decreto ley aprobado en la época del PSOE la Seguridad Social fijó la cuota a ingresar por el exbecario en unos 150 EUROS MENSUALES. Ahora el actual gobierno del PP ha modificado las condiciones flexibilizando únicamente el pago de estas cuotas. Desconozco si el resto de la cotización hasta el total de 270 euros es satisfecho por el estado pero aún cuando este fuera el caso, se puede observar el despropósito de esta injusta forma de resarcir del daño producido a un colectivo históricamente maltratado y explotado.

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