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Encarcelado un científico por difundir un estudio medioambiental


Es más que evidente que el medioambiente es una de las facetas en donde chocan más frontalmente los estudios científicos y los intereses corporativos. Y aquí casi nunca los poderes públicos son neutrales, sino que en aras del siempre sacrosanto desarrollo tecnológico, los gobiernos de casi todo el mundo priman la economía frente a la salud de los ciudadanos. Pero llegar a encarcelar a un científico por difundir su trabajo parece que sobrepasa todos los límites.

Bülent Şık, es un científico turco que fue despedido después de firmar una petición pidiendo la paz entre las fuerzas turcas y los militantes kurdos rebeldes del sureste de Turquía. Şık era el subdirector del Centro de Investigación de Seguridad Alimentaria y Agrícola de la Universidad de Akdeniz, institución que recibió en 2010 el encargo del Ministerio de Salud de Turquía para para estudiar la posible relación entre la toxicidad en el suelo, el agua y los alimentos y la alta incidencia de casos de cáncer detectados en el oeste de Turquía. Durante los siguientes 5 años, Şık y un equipo de científicos realizaron un estudio que detectó niveles peligrosos de pesticidas, metales pesados y de hidrocarburos aromáticos policíclicos en múltiples muestras de alimentos y agua de varias provincias en el oeste de Turquía. Estos investigadores también descubrieron que el agua potable consumida en varias áreas residenciales de la zona no era segura de beber debido a la alta contaminación por distintos elementos químicos como plomo, aluminio, cromo y arsénico.

En el año 2015, estos científicos enviaron sus conclusiones al Ministerio de Salud y el propio Şık testificó ante altos funcionarios del gobierno a los que instó a tomar medidas urgentes por la gravedad de la contaminación. Pasaron tres años y al observar que no se había tomado ninguna medida, salvo la de declarar confidencial el mencionado estudio, este investigador publicó los resultados en un periódico crítico con el actual gobierno. Ante tal “ilegalidad” el gobierno turco acusó ante la justicia a Şık de revelación de secretos y esta semana el tribunal encargado del caso ha declarado culpable al científico, condenándolo a 15 meses de prisión. Lo más llamativo de todo este asunto es que el fiscal no cuestionó en ningún momento la calidad y veracidad del estudio científico en cuestión, si no que se ha agarrado a la naturaleza secreta de un documento, que tiene un más que evidente interés público, para conseguir la condena del implicado, tal y como ha denunciado Amnistía Internacional. Todo ello reafirma la validez del estudio y muestra como las naciones se pliegan ante los intereses económicos, aun cuando ello conlleve un importante riesgo para la salud y también para la vida de los ciudadanos. Eso sí, sobre la condena hay que agradecer por su clemencia al tribunal, puesto que con la ley turca en la mano este más que comprometido científico podría haber sido condenado con una pena de hasta 12 de años de prisión.

 

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  1. antic lector esporàdic
    1 octubre, 2019 de 4:11

    Uau, va bien estar informado aunque sea triste. Las corporaciones valoran que nos enteremos? O les va bien si callamos y seguimos complices, mirandonos ombligos.
    Gracias blog, y da ganas de ser socio de Amnistía Internacional

  2. Eduardo Baldú
    1 octubre, 2019 de 10:48

    Este es un caso extremo, pero por ello mismo es una demostración clara y contundente que la existencia de leyes que permiten que un estado declare secreta una información es una aberración democrática. No olvidemos que quienes forman los gobiernos (en un estado realmente democrático) son meros administradores elegidos por quienes tienen la potestad para ello, los ciudadanos. ¿Admitiríamos que un administrador de una propiedad nuestra nos ocultara información sobre la misma? Por supuesto que no. Con más motivo cuando hablamos del funcionamiento integro de la sociedad en la que vivimos.
    La afirmación que ciertas informaciones pueden desestabilizar nuestra sociedad y por ello es necesario mantenerlas en secreto es falsa. El único objetivo real de tal ocultación es proteger los intereses de personas o grupos por encima del bien común. Si alguien ha tomado decisiones dudosas, cuestionables o directamente delictivas, que cada palo aguante su vela y asuma sus responsabilidades. Si no existieran los secretos oficiales, a los gobiernos les sería mucho más difícil realizar cierto tipo de acciones.
    Otro ejemplo de la perversión de las legislaciones de secretos oficiales son las negociaciones de los acuerdos comerciales de la UE (TTIP, CETA) en las que el secretismo presidió todo el proceso, encaminado lógicamente a minimizar la oposición a tales acuerdos.
    España es todo un ejemplo de malas prácticas, con una legislación que ni siquiera contempla un periodo límite que obligue a la revelación de tales secretos. Es la coartada perfecta para cometer cualquier fechoría, arroparla como “secreto oficial” y tener la seguridad que nunca será revelada (Prácticamente todos los gobiernos haces uso del secretismo, por lo que se guardan mucho de “tirar de la manta” de los secretos de los demás).

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