La Ciencia y sus Demonios

El desmesurado precio del medicamento Sovaldi para el tratamiento de la hepatitis C está generando una fuerte polémica en medio mundo y ha abierto nuevamente el ya eterno debate acerca del control del conocimiento por parte de las empresas a través de las patentes, con la siempre recurrente y nunca solventada pregunta de ¿libertad de empresa o control estatal?. Pero para tener elementos de juicio sólidos sobre los que opinar, hagamos primero un poco de historia.

El profesor Dennis Liotta es un experto en la búsqueda de tratamientos para las más diversas enfermedades infecciosas: HIV, hepatitis B y C que trabaja en la muy prestigiosa y privada Universidad de Emory cerca de Atlanta, ciudad donde se ubica el famoso CDC estadounidense, y en su ya dilatada carrera profesional ha fundado la más diversas empresas biotecnológicas, entre ellas Pharmasset que fue la que desarrolló entre otros el compuesto sofosbuvir, que bajo el nombre de Sovaldi se comercializa en la actualidad como medicamento para tratar de forma muy efectiva a los pacientes de hepatitis C. Hasta aquí el clásico ejemplo de libro de economía que demostraría la eficiencia de la investigación aplicada privada: centro de investigación privado + iniciativa empresarial = medicamento que salva vidas, aunque luego se comercialice a altísimos precios. Y por supuesto una forma de investigar supuestamente muy alejada de esa anquilosada ciencia básica que se dedica a despilfarrar los impuestos de los ciudadanos en abstrusas cuestiones, interesantes sólo para un reducido grupo de eruditos con una limitada adaptación social, pero sin ninguna conexión con la realidad y los problemas de la vida cotidiana y de las necesidades de los ciudadanos, tal y como machaconamente se nos repite una y otra vez por parte de los omnipresentes creadores de opinión mundial detractores del expoliador estado.

Pero no nos dejemos deslumbrar por los interesados tópicos, abandonemos la superficie y profundicemos en la verdadera historia de este medicamento.  La empresa Pharmasset fue fundada en 1998 por el Dr. Liotta (como ya he comentado anteriormente) junto con el también prestigioso Dr. Raymond Schinazi entre otros. Pero ambos investigadores llevaban desde finales de los años 80 del siglo pasado colaborando muy estrechamente en el tema de la búsqueda de medicamentos antivirales entre otros asuntos científicos menos aplicados. Así, hasta la actualidad podemos encontrar una veintena de publicaciones en donde se recoge todo ese importante y muy fructífero trabajo. Pero lo más sorprendente del asunto es que, cuando se indaga sobre las fuentes de financiación de los estudios recogidos en estos artículos, se encuentra que todos ellos (incluidos los que sirvieron de base para el desarrollo del Sovaldi y otros antivirales bajo patente de Pharmasset) han sido profusa y generosamente financiados durante más de 20 años por diversas agencias públicas estadounidenses como los famosos “National Institutes of Health” (16 proyectos de investigación), el “Department of Veterans Affairs” (9 proyectos), el “United States Department of Energy” (2 proyectos), otros 2 proyectos del  “Georgia Veterans Affairs Research Center for AIDS and HIV Infections” además de proyectos individuales financiados por el “Molecular Design Institute” del “Office of Naval Research”, el “United States Public Health Service” y el “National Cancer Institute”. Además, incluso en un artículo hubo financiación del también prestigioso “Institut National de la Sante et de la Recherche Medicale” francés porque formaba parte de una colaboración internacional. En resumen, 33 proyectos de investigación financiados con dinero público durante más de dos décadas, que teniendo en cuenta la cuantía habitual de los “grants” estadounidenses muy seguramente estamos hablando de bastantes millones de dólares totales, generosamente «invertidos» (o como en este caso regalados) por los sufridos contribuyentes estadounidenses. Asimismo hay que tener en cuenta que en el sistema de I+D norteamericano los proyectos de investigación, además de financiar los gastos en reactivos, equipamiento o contratar personal específicamente dedicado a realizar las labores programadas como por ejemplo ocurre en España, tiene la posibilidad de pagar al propio investigador líder del proyecto. Ello permite entonces a un centro de investigación privado tener en plantilla a jefes de laboratorio con un costo muy bajo o nulo, puesto que es el propio investigador el que consigue el dinero (muchas veces provenientes de fondos públicos) para pagar su propio sueldo total o parcialmente y por supuesto, mayor es su retribución cuanto mayor es la cuantía de los fondos de I+D que es capaz de conseguir el científico en cuestión. Capitalismo en su máximo esplendor.

Así, durante largos años de duro esfuerzo y profundo estudio, nuestros investigadores y sus colaboradores van seleccionando los resultados más interesantes puesto que  ambos investigadores tienen un envidiable CV con varios cientos de publicaciones en diversos campos científicos, casi todas ellas financiadas en mayor o menor medida con dinero público estadounidense, aunque por supuesto la mayoría de las mismas no hayan dado lugar al desarrollo de ningún medicamento. Es lo que tiene la ciencia, que primero hay que investigar sin saber el resultado final para luego poder seleccionar lo que se considere más adecuado.

¿Y qué se hace con estos prometedores datos? Pues se llama a inversores y se crea una empresa (por supuesto privada) con sede en el paraíso fiscal de Barbados, que varios años después se traslada a los EEUU ¡menos mal! aunque con la trampa fiscal (pero por supuesto totalmente legal) del muy particular status económico vigente en el minúsculo estado de Delaware denominado “General Corporation Law” en donde se radica la nueva sede social de Pharmasset. Esta ley permite en la práctica a las sociedades de Delaware operar casi como en cualquier paraíso fiscal del mundo, pero dentro de la comodidad del territorio estadounidense (para no tener que hacer molestos viajes internacionales imagino) y a la que se han acogido ¡la mitad! de las compañías estadounidenses actualmente operativas. Sí, aunque no se lo crean el segundo estado más pequeño de EEUU, poblado con menos de un millón de habitantes es la sede (nominal por supuesto) de la mitad de la economía norteamericana, no me digan que esto no es un verdadero milagro económico. En resumen, operando de esta forma se consigue el increíble prodigio del mágico trasvase de dinero público para crear de la nada una empresa privada con unas muy buenas perspectivas, corporación por cierto totalmente opaca, que por supuesto no tiene relación alguna con el siempre ineficaz y derrrochador estado, y que por no pagar no paga ni impuestos en el país que ha invertido en su nacimiento.

Después, ya entramos en la previsible y ya archiconocida historia de puro capitalismo especulativo. En el 2007 esta innovadora empresa sale a bolsa, se revaloriza espectacularmente en base a sus excelentes expectativas, todos los analistas bursátiles recomiendan comprar sus acciones, de tal manera que en 2011 es absorbida a cambio de ¡11.000 millones de dólares! por otra compañía mucho más grande llamada Gilead, aunque sorprendentemente en ese momento Pharmasset todavía no tenía ningún producto a la venta en el mercado farmacéutico. Y ya finalmente a finales del 2013 la agencia del medicamento estadounidense FDA aprueba el uso del sofosbuvir o Sovaldi para el tratamiento de la hepatitis C y empieza su comercialización mundial.

Inciso: Gilead es la típica multinacional perfectamente engranada con los más altos centros de poder como lo atestigua el hecho de que dos antiguos secretarios de gobierno estadounidenses: Donald Rumsfeld y George Shultz hayan sido presidente y alto cargo respectivamente de esta empresa durante años. ¿Se entiende ahora un poco mejor el porqué de todo este injusto entramado económico? Por cierto el Dr. Schinazi ha creado también diversas empresas biotecnológicas, dos de las cuales fueron también vendidas, una a Gilead y otra a Novartis, otra multinacional farmacéutica.

Ahora bien, teniendo en cuenta que se ha calculado en alrededor de 2.500 millones de dólares el coste de lanzar un nuevo medicamento al mercado farmacéutico mundial, que sumados a los 11.000 millones de la compra de Pharmasset haría (excluyendo el resto de las moléculas en desarrollo que poseía Pharmasset y que puede que acaben o no siendo medicamentos comercializables) un monto total de 13.500 millones de dólares el que ha tenido que desembolsar Gilead por el ya famoso Sovaldi, suponiendo que todo el desarrollo del medicamento hubiera sido realizado por esta última empresa.

¿Y cuál es su previsible retorno económico? Pues si se tiene en cuenta que los datos epidemiológicos indican que sólo en EEUU viven unos 3 millones de individuos infectados crónicamente por este virus, personas que muy probablemente a lo largo de su vida necesitarán de este u otros medicamentos equivalentes, y que el coste por paciente en este país asciende a unos 84.000 dólares, pues no hace falta ser un premio Nobel para cuantificar el malísimo negocio (que sólo se puede considerar como un inmenso desastre económico sin ningún tipo de paliativos para el contribuyente estadounidense) el hecho de financiar con dinero público la investigación básica, para luego transferir al libre mercado las riendas del desarrollo de los medicamentos cuando estos empiezan a obtener resultados prometedores.

Y ya para terminar dejo en el aire la siguiente pregunta ¿no sería mucho más razonable y sobre todo infinitamente más barato para el contribuyente que todo el proceso de desarrollo de los medicamentos se mantuviera dentro de la esfera pública?

ANEXO I: De los 30.000 millones de dólares que el NIH tiene como presupuesto anual, esta institución dedica un 10% a financiar a sus propios investigadores, otro 10% a gastos de administración y el restante 80% sirve para financiar estudios en los que están implicados unos 300.000 científicos de unos 2.500 centros de investigación diferentes repartidos por todos los EEUU e incluso del resto del mundo.

ANEXO II: Y no se crean, que este es el sistema al que vamos también en España tras el nombramiento consecutivo de dos científicos provenientes del mundo empresarial para dirigir la I+D española: la anterior ministra de Ciencia e Innovación del gobierno socialista Cristina Garmendia y la actual secretaria de estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del actual gobierno del PP Carmen Vela. Por ejemplo, en mi centro de investigación tuvimos hace tiempo una reunión con el director de nuestra «Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación» en la que se nos informó que con vistas al futuro en investigación había que centrar los esfuerzos en el tema de las patentes. Cuando se preguntó qué quién financiaría la patente y qué se haría con ella, puesto que mantenerlas en activo implica pagar constantemente hasta la comercialización final, se nos indicó que nuestra institución se encargaría del coste, pero que la idea era venderlas cuanto antes (en un plazo no mayor de 2 años desde su inicio, puesto que entonces había que renovarlas y pagar nuevamente) a empresas privadas. Varios de los presente indicamos que en esa situación, al estar las patentes en una fase muy temprana de desarrollo, la escasas que se pudieran vender (que esto es España) se harían a unos precios bajos, que muy probablemente no compensarían el coste del conjunto de patentes activas en la institución si todos los investigadores nos dedicábamos a patentar para justificar nuestro trabajo, porque hay que tener en cuenta que a diferencia de las publicaciones, que deben pasar por un exigente y exhaustivo proceso de evaluación externa (mártir me tienen a mí los revisores del último artículo que tengo enviado a publicar) las patentes en cambio se aprueban a condición de que nadie lo haya hecho antes, independientemente de la calidad o viabilidad de las mismas, siempre que por su puesto se pague. Y se nos contestó que bueno, que puede que nuestra institución perdiera dinero pero que ello facilitaría el desarrollo de la industria biomédica.

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